Imperativo moral defender la fianza

Editorial de El Nuevo Día
17 de agosto de 2012

La propuesta enmienda para limitar el derecho a la fianza consagrado en la Constitución como un avance social de primer orden, representa un empobrecimiento de la Carta de Derechos que protege al ciudadano de las potenciales arbitrariedades del Estado y debe ser rechazada en las urnas este domingo de forma categórica.
Porque desgajar la Constitución, imputándole desfases y deficiencias, y señalándola como una de las causas de la crisis de seguridad que padecemos, como justificación para mutilarla con la “aprobación” del pueblo, constituye un asalto inducido al estado de derecho, mutilación que puede traer como consecuencia un cuadro más agudo de indefensión para el ciudadano y para el País.

De ahí que la ciudadanía debe asumir como un deber el voto de un rotundo “no” a la propuesta incluida en el referéndum constitucional. Primero, porque es así como debe responderse, sin equívocos, a esa discriminatoria e incivilizada enmienda. Y, segundo, porque no es la Constitución el problema, sino un sistema que, a base de incompetencia para la prevención, para perseguir e investigar el crimen, para esclarecer y procesar casos con eficiencia y para acometer con equidad y justicia el manejo de los tribunales, ha ido abandonando su responsabilidad respecto a la seguridad pública, consolidando con ello un clima de impunidad.

Ese cuadro tétrico no tiene que ver con la fianza; tiene que ver con la desidia de quienes, cuatrienio tras cuatrienio, faltos de la más básica visión social, reciclan métodos “anticrimen” que bien pueden clasificarse como piezas para construir un estado policial. Este desenfoque en materia de seguridad, que corre paralelo con el desbordamiento de la actividad criminal, contribuye a una sensación colectiva de impotencia que puede llevar a muchos puertorriqueños a cavar la tumba de uno de sus derechos fundamentales, tal y como lo delata la abrumadora intención del voto por el “sí” revelada en La Encuesta de El Nuevo Día.

Lo cierto es que estamos ante un planteamiento que marcaría un grave retroceso jurídico, porque limitar el derecho a fianza conlleva la eliminación de otro preciado derecho constitucional: la presunción de inocencia. En medio de este crucial momento para nuestra Constitución, respetados juristas han sostenido que, de ganar la enmienda, todo imputado al que se le niegue la fianza se le presumirá culpable y será castigado desde antes del juicio. También han descartado estos expertos que exista el supuesto problema que alega el Gobierno, porque la mayoría de los imputados de asesinato no presta fianza, y sólo delinquen nuevamente entre un uno y un dos por ciento de los que la prestan.

Estadísticas de la Sociedad para la Asistencia Legal, cuyos abogados representan a más del 60% de los acusados de delito grave, reflejan que en 100 casos de asesinato sometidos en un año, la fianza promedio fue de $725,000. No existe, pues, riesgo de fuga ni problema de incomparecencia y, más dramáticamente aún, el 90% de esos acusados no pudo prestar la fianza y se mantuvo preso. Además, ningún acusado de asesinato libre bajo fianza fue imputado de otro delito.

En su campaña a favor de la enmienda, los propulsores del “sí” nos colocan a todos en el terrible papel de víctimas que reclaman justicia. Pero, ¿qué pasaría si nos visualizamos por un momento en el rol de imputados, sobre todo siendo inocentes? Recordemos el caso de Jordan Ayala Cruz, el joven de 21 años que pasó dos semanas preso sin fianza en la jurisdicción federal, y que corrió el peligro de enfrentar un juicio de pena de muerte, acusado falsamente del asesinato del adolescente Stefano Steenbakkers.

Y también el de Jonathan Román Rivera, el joven condenado por el asesinato del comerciante canadiense Adam Anhang, que pasó un año en la cárcel antes de que una pesquisa federal comprobara que era inocente.

Que retumben este domingo en nuestras conciencias las palabras de Jordan Ayala Cruz tras su excarcelación: “Igual que me cogieron a mí, todos los días pueden coger a un inocente”.
Por la suma de todas estas razones, el País no puede permitir que se valide una enmienda constitucional bordada con el hilo del prejuicio, la irracionalidad y la venganza.

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